El interés por educar al país es contemporáneo al nacimiento de la república, sin embargo, las ideas por cambiar la estructura social y política en base a la educación surge a fines de la Colonia y a comienzos de la Independencia.
La génesis de la república chilena contó entre sus elementos constitutivos la progresiva apertura de escuelas. Podemos afirmar que esta etapa tuvo una débil estructuración institucional, si bien existía la convicción acerca de la necesidad de educar fundamentalmente a las clases dirigentes masculinas. La multiplicación de escuelas obedeció a un doble movimiento: el impulso de los particulares, algunas congregaciones, conventos y municipios; y por otro, complementariamente, la responsabilidad del estado en aquellas zonas geográficas donde no existiese oferta privada. Se confió en “los del lugar” para que desarrollaran sus escuelas, si bien, a través del instituto nacional (como única institución que logró constituirse realmente como un organismo con cierta responsabilidad) comenzó a edificarse una mirada unificada de las escuelas, a través de la validación de los exámenes de las entidades educativas privadas. A fines de este período comienzan a vislumbrarse desde el estado algunas funciones nuevas como las de visitación de escuelas y la promoción de mejoras.
-> En la constitución de 1833 se concretó y declaró de manera formal el interés por asumir el rol educativo del Estado.
La institucionalidad educativa avanzó en la concreción de dos leyes -Ley orgánica de 1837 y Ley General de instrucción Primaria de 1860-, con ello el rol del estado comienza a perfilarse hacia una nueva definición, incluyendo acciones relacionadas con la inspección de las escuelas, promoción y fomento educativo, protección económica de preceptores y alumnos, y conocimiento de otros sistemas escolares. La creación del Ministerio de Justicia, Culto e instrucción abre un camino hacia la burocratización necesaria del ordenamiento de un sistema educativo. La responsabilidad estatal comienza a identificarse con la apertura de establecimientos públicos y de escuelas normales de Preceptores, además de vigilar la evolución del sistema a través de la superintendencia en el caso de la ciudad de Santiago; y las Juntas Provinciales para el resto del país.
Se logra un aumento en el compromiso económico del estado con la educación, concretado en el principio de gratuidad afirmado desde 1860.
Claramente se comenzaba a amplificar una separación desde estos primeros esbozos del sistema educativo entre la capital y las provincias, como también entre lo urbano y lo rural, y las clases acomodadas y las obreras. Esta división, fundamentalmente basada en las clases sociales, constituyó desde el principio una de las características fundantes del sistema educativo chileno.
Este periodo, sin lugar a dudas, marca un antes y un después en términos educativos, si bien es cierto, el interés por educar al país es contemporáneo al nacimiento de la república, solo es en los años posteriores cuando se concretiza por medio de leyes y acciones, el verdadero rol que debe asumir el estado en cuanto a las gestiones educativas.
Han pasado un par de décadas, y las raíces de nuestro sistema educativo aun se mantienen. A lo largo del tiempo se han generado variaciones y mejoras en la estructura educativa, no obstante, aun queda por mejorar, aun quedan muchos temas pendientes, aun se pueden seguir generando cambios en cuanto al financiamiento de la educación, y disolver la brecha entre la educación municipal y privada.
Hoy se mantiene una constante lucha por lograr estos objetivos por parte de los estudiantes y la sociedad en general, mediante de diversas manifestaciones que han tenido una gran convocatoria a nivel nacional. En estos últimos años, se ha tomado conciencia de que uno también puede formar parte del cambio que todos necesitamos.
Video Constitución 1833
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